Nuevamente el Ayuntamiento vuelve a ser protagonista de una noticia lamentable noticia. En esta ocasión por el comportamiento ilícito de dos funcionarios adscritos a la Policía Local y por el presunto intento de soborno al denunciante del delito por parte de otros tres, dos de ellos abogados.

En el caso de los dos policías, cuyo ingreso en prisión ha sido ordenado por la autoridad judicial para cumplir penas de tres años de cárcel y la pérdida de su condición de funcionario, nos produce una sensación de frustración toda vez que el Alcalde, Juan Carlos Juárez y el Concejal, Manuel Aguilera, han venido manteniendo que todas las acusaciones sobre los reiterados malos tratos de un buen número de agentes eran invenciones de los partidos de la oposición y concretamente del PSOE. Sin embargo, el Partido Socialista piensa que de haberse actuado en consecuencia ante tales sospechas, este hecho y otros similares se hubiesen evitado.

La Justicia ha dado la razón a aquellos que venimos denunciando que el equipo de Gobierno viene practicando una política de seguridad caracterizada por la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas y la prepotencia y abuso de poder.

De esta situación sólo podemos hacer directamente responsables al Sr. Juárez y a los concejales Aguilera y Muñiz, que han protegido, respaldado e impulsado este tipo de actuaciones y conductas en perjuicio del resto de los policías de profesionalidad y educación democrática.
Recordaremos, a propósito, la promesa del Sr. Aguilera cuando vinculó su dimisión a la condena de uno de sus “policías”. Dadas las circunstancias, el Partido Socialista cree que en estos momentos, el Sr. Aguilera tiene una magnifica oportunidad para demostrar a la ciudadanía que es una persona consecuente y que mantiene su palabra de honor.


Pero resulta también tan escandaloso que a instancias de la Fiscalía, la Audiencia Provincial haya imputado por un presunto delito de soborno a otros tres funcionarios del Ayuntamiento de La Línea, imputación que trae causa del mismo procedimiento judicial.

En esta ocasión dos abogados municipales concretamente D. Ricardo Fernández y D. Luis Landero junto al coordinador de obras y servicios D. Francisco Núñez, responsable del asalto con arma blanca a una emisora local, han sido calificados de sospechosos de intentar sobornar a un ciudadano para que cambiara su testimonio judicial en el caso de los policías condenados.

De ser ciertas estas prácticas ilegales, supondrían un punto y seguido en la responsabilidad delictiva, pues a nadie se le escapa que de ser cierto los hechos denunciados por el propio fiscal, los funcionarios imputados no debían actuar por iniciativa propia. En este sentido, alguien deberá explicar quién ordenó a éstos la puesta en práctica de los medios necesarios para la comisión del presunto delito del que son acusados a no ser que quieran asumir las consecuencias y todo el peso de la Ley.
Queremos hacer llegar a los empleados públicos municipales que no deben acatar obligatoriamente cualquier orden que reciban de sus superiores políticos, que deben antes que nada, considerar la legalidad de las mismas, pues deben saber que tales prácticas pueden acarrear graves consecuencias tales como la pérdida de la condición de funcionarios e incluso la libertad.