INTERVENCIÓN DE MIGUEL TORNAY GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN LA SESIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN DEL 2 DE FEBRERO DE 2006
Quisiera comenzar mi intervención anunciando que una copia de la misma será entregada al Secretario del Ayuntamiento para su archivo y remitida a los medios de comunicación para evitar malas interpretaciones y manipulaciones de cuanto hoy se diga en esta sesión por quien les habla.
Es evidente que el tema que hoy nos trae el Alcalde a Pleno es una cuestión compleja y sensible que requiere un planteamiento previo a la votación que vamos a realizar. El asunto es la petición de un indulto para dos agentes de la Policía Local que han sido condenados a penas privativas de libertad por detención ilegal y lesiones a una persona.
Esta cuestión es de una gravedad sin precedente en la historia de nuestra ciudad y ha sido, a nuestro entender, tratada desde el Equipo de Gobierno con una falta de rigor absoluta. Ha sido además acompañada por una campaña de desprestigio contra las instancias judiciales y de acusaciones veladas o explícitas hacia otras organizaciones políticas como responsables de la suerte de estos agentes. Ayer mismo escuchábamos a un locutor de la radio municipal decir que el PSOE se ha erigido como “consejero de los delincuentes” y eso es totalmente falso, aunque esta afirmación hecha desde una radio pública no la vamos a dejar pasar y va tener que ser explicada y demostrada donde corresponda, porque este es un asunto que ha sido tratado en los tribunales y nosotros no hemos tenido ninguna relación con él.
Se ha querido trasladar a la opinión pública la sensación de que nos encontramos ante una injusticia porque un delincuente habitual va a meter en la cárcel a dos policías con sus declaraciones y se ignora el hecho fundamental de que ha sido decisivo el testimonio de dos agentes del Cuerpo de la Policía Nacional que al parecer para ustedes no tiene ningún valor.
Han sido numerosas las intervenciones de miembros del Equipo de Gobierno en este sentido, pero en ningún momento se ha reconocido la responsabilidad que ustedes tienen como políticos en un proceso en el que nadie, excepto ustedes mismos, ha dudado de que se ha cometido un grave delito; no lo ha hecho el Juez de instrucción, tampoco la Audiencia Provincial ,ni el Tribunal Supremo y por supuesto tampoco la fiscalía, que ha sido precisamente la que ha ejercido la acusación y al mismo tiempo la defensa del denunciante, que carecía de abogado. De manera que estos policías han ido a prisión y los auténticos responsables del modelo policial que aquí se ha seguido dormirán tranquilamente en su casa esta noche y solo han sido capaces de una actitud de cobardía política, porque usted Señor Aguilera ha sido un cobarde político y debería haber dimitido o debería hacerlo ahora como un auténtico acto de solidaridad con estos policías que no son sino trabajadores a las órdenes de un método y de unas directrices que emanan de su responsabilidad como político al frente en aquellos momentos de la Policía Local.
Aquí ha quedado en entredicho y cuestionado su modelo policial, ese del que tanto ustedes han presumido, y no la profesionalidad del conjunto de trabajadores que están a sus ordenes. Usted debe dimitir Sr. Aguilera, pero además debería este Equipo de Gobierno reflexionar y replantearse su política de seguridad disolviendo los Grupos Especiales de la Policía y estructurando un sistema más acorde con el Estado de Derecho en el que vivimos todos los ciudadanos de este país, porque todos los ciudadanos, dice la Constitución son iguales ante la ley, no importa su color, credo o condición social, ni tampoco si es un delincuente o no, porque eso Sr. Aguilera, eso precisamente es lo que deben hacer los tribunales, juzgar a quien hace algo ilícito, independientemente de quién sea y no en función de a quien se lo hacen.
Nada de esto ha sido tenido en cuenta por este Equipo de Gobierno que lejos de crear una comisión de investigación interna para esclarecer los hechos, que lejos de mostrar preocupación por lo acontecido y mucho más lejos de asumir sus responsabilidades en este asunto ha continuado empecinado en mantener las cosas como si nada hubiera pasado y ha trasladado a la opinión pública de forma implícita la idea de que una persona con antecedentes policiales y penales puede ser desposeída de sus derechos como ciudadano y por tanto puede ser objeto de agresiones o de detenciones ilegales. Para ustedes los delincuentes no tienen garantías jurídicas, ni derechos fundamentales.
Y no se interprete con esto que desde el PSOE se pretende una política condescendiente con la delincuencia. Estamos hablando de métodos y la clave está, lo difícil y lo democrático está en hacer compatible la seguridad con el respeto a los derechos que todos, sin excepción, tenemos como ciudadanos de un país libre. Compartimos la máxima de que sin seguridad no hay libertad pero le añadimos que sin respeto a las garantías constitucionales tampoco la hay y en este país nadie puede actuar al margen de la Ley y mucho menos los encargados de velar por el cumplimiento de la misma. Las garantías jurídicas son un valor fundamental en cualquier Estado de Derecho y eso nos diferencia de las dictaduras, por tanto nadie puede ser detenido sin que se respeten las garantías que la ley establece para este tipo de actuaciones. A nadie se le escapa que las Administraciones Públicas deben ser los garantes cualificados en la protección de tales derechos y por tanto los Agentes de la Autoridad y los Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una responsabilidad especial en cuanto a la defensa de los mismos y sus actuaciones una repercusión mayor en lo que representan esos derechos.
De manera que ahora nos encontramos ante la comisión de un delito grave que afecta a la vulneración de los derechos fundamentales de la personas, las cuales gozan de una especial protección por nuestra Constitución y es evidente que una vez más han equivocado ustedes el discurso. Lo han equivocado optando por la crispación política y ciudadana y por la descalificación, en un intento de salvar sus responsabilidades políticas, ocasionando un grave perjuicio a unos agentes condenados por el Tribunal Supremo, los cuales hubiesen necesitado de sosiego y discreción en el tratamiento de este problema. No obstante, el Alcalde ha preferido de nuevo el escándalo político y la huida hacia delante, obviando y dejando en la cuerda floja a los que necesitaban su apoyo y proceder sensato.
Es evidente que con el debate que nos plantean hoy Uds. solo pretenden esconder y obviar sus responsabilidades, haciendo recaer de esta forma el peso de su falta de compromiso sobre las espaldas de los agentes. Porque, Sr. Alcalde, una de las premisas para solicitar un indulto es el reconocimiento ante la sociedad de que se está arrepentido de los actos cometidos y que se muestren propósitos de enmienda, sin embargo aquí se han vuelto a equivocar. En vez de reconocer este Equipo de Gobierno que la grave sanción impuesta a estos agentes es fruto de la aplicación de una política de seguridad errónea, que puede conducir a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas y que por tanto debe ser modificada y sus responsables apartados de la actividad política, tiran otra vez por la calle de en medio y piden poco menos que un juicio popular, cuestionando sin pudor las decisiones de los tribunales y respaldando a los responsables políticos de tales actuaciones.
No debemos olvidar en ningún momento, y el Sr. Aguilera lo sabe bien, que estos agentes recibían instrucciones del poder político para actuar de una determinada manera. Esta es la verdadera explicación de la defensa a ultranza que ustedes hacen respecto de esta y otras actuaciones que están en vía judicial. Porque cualquier asomo de arrepentimiento por parte de los políticos, últimos responsables de esta situación, les llevaría a replantearse la política de seguridad ciudadana que están imponiendo en esta ciudad desde hace muchos años y eso es algo que ustedes no pretenden hacer. Es más el propio Alcalde les considera a ustedes, los policías, su “pilar electoral” , lo dijo él mismo en su intervención de ayer. Para él es vital mantener unos niveles de seguridad y está dispuesto a hacerlo al precio que sea. Ustedes son su pilar electoral, la seguridad es su pilar electoral y si ese pilar se derrumba eso significaría la pérdida de votos y eso el Alcalde no lo va a consentir. Pero la realidad es que la seguridad que nos ofrece ha sido objeto de más trescientas denuncias por presuntos malos tratos y objeto de numerosas criticas por parte de organizaciones ciudadanas, políticas, afectados y ahora también por el poder judicial.
Por tanto el Sr. Aguilera debería haber tenido la honradez y la decencia de dimitir como concejal de este Ayuntamiento y de paso tener un gesto de solidaridad con los policías condenados, la comisión de investigación debiera haberse creado, el modelo policial y de seguridad revisado, analizado y modificado y los Grupos Especiales disueltos. Pero no ha ocurrido nada de eso y por tanto no hay asunción de responsabilidades políticas, ni arrepentimiento de los que daban esas instrucciones políticas y no hay propósito de rectificación del modelo de Seguridad Ciudadana.
Con este planteamiento y con la prepotencia que les caracteriza vienen hoy a decirnos al resto de los concejales que solicitemos sin más un indulto, que no es otra cosa que un aval para respaldar comportamientos que se derivan de esas instrucciones que ustedes dan y de los que nadie se ha disculpado, de los que nadie asume su responsabilidad y lo que es peor que no están dispuestos a rectificar. Para eso, señores del Partido Popular, no pueden contar ustedes con nuestro apoyo, aunque los agentes de la Policía si deben saber que si llegado el momento se accediera por parte del Ministerio de Justicia a la petición de indulto, desde el Partido Socialista no nos vamos a oponer y seremos tan respetuosos con esa decisión como lo hemos sido con la de los tribunales, pero quiero recordarles y dejar bien claro que suya y solo suya, como gobernantes de esta ciudad, es la responsabilidad de la situación de los agentes.