Es evidente que si tenemos en cuenta las declaraciones aparecidas últimamente en los medios de comunicación, el equipo de gobierno sigue en sus trece. En ninguna de ellas se ve un atisbo de asumir las responsabilidades políticas que se podrían extraer lógicamente tras la entrada en prisión de dos de sus subordinados. Esta falta de seriedad y honradez se empeora aún más, toda vez que el Sr. Concejal Manuel Aguilera vinculó su cargo y su porvenir político a una sentencia de similar gravedad.
Comprobamos además que la falta de dignidad de este singular concejal, demostrada al no dimitir, se agrava especialmente con su insistencia en no reconocer que fueron fundamentales, por un lado, los testimonios de Policías Nacionales que ratificaron el hecho del arresto ilegal y, por otro, la manifiesta obstrucción por parte de instancias superiores a los requerimientos judiciales que podrían haber esclarecido los hechos, tal y como se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial. Tanto es así que ni siquiera fueron registrados las oportunas diligencias de los hechos en Jefatura.
Por otro lado, queremos recordar que el proceso se inició en 2000 y que, en ningún momento, el equipo de gobierno del GIL y después PP abrió expediente alguno e investigación con objeto de aclarar los hechos, sino que actuó decididamente por obstaculizar toda medida que pudiera dar luz sobre este grave asunto.
Recordar también que la petición de indulto es la culminación de todo este proceso y que implica, en primer lugar, un reconocimiento implícito de la comisión del delito, pues de otra manera no se entendería qué habría que perdonar ,y , en segundo lugar, que un requisito fundamental para la consecución de la medida de gracia es el arrepentimiento. En ambos casos, el equipo de gobierno del PP, con el alcalde Juan Carlos Juárez a la cabeza y los responsables anteriores y actuales de la Seguridad Ciudadana, Manuel Aguilera y Francisco Muñiz, han sugerido y mantenido todo lo contrario. En realidad, esto nos hace pensar que nunca han querido verdaderamente la condonación de las penas de los Policías Locales; pues de estas actuaciones, unidas a los desagradables hechos acaecidos en el Pleno en cuestión, en los que se insultó y amenazó, con la connivencia e instigación explícitas de la Presidencia, a los Concejales del Grupo Socialista, se deducen una actitud contraproducente a la petición formal del indulto y un verdadero obstáculo para la credibilidad del arrepentimiento.
Recordar por último que la Sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y que, en el proceso judicial que nos ocupa, se acusó en la Sala a dos letrados y a un funcionario del Ayuntamiento de un presunto intento de soborno, por lo que el Fiscal ha abierto las oportunas diligencias.