Los graves acontecimientos acaecidos en el Ayuntamiento de Marbella y que han tenido como final la detención de la alcaldesa, concejales y un numeroso grupo de personas afines al G.I.L., además de ser un hecho que casi todo el mundo preveía dado el descontrol y las numerosas irregularidades urbanísticas que los seguidores de Jesús Gil habían cometido en aquella ciudad, nos lleva a un punto de reflexión que consideramos necesario e importante en estos momentos que vive La Línea de La Concepción.
El modelo político que el G.I.L. desarrolló en Marbella, aparte de los abusos de poder del modelo policial que allí se practicó, se basaba en una estrategia inmobiliaria devoradora de terrenos públicos en la que se enriquecían los constructores y los diversos intermediarios que, ahora sale a la luz, estaban directamente relacionados con el consistorio marbellí. Esta política ha llevado a esa ciudad a una quiebra técnica difícilmente superable y a un territorio municipal mermado considerablemente.
Los sucesos de los últimos días demuestran que no solamente el proyecto político del G.I.L ha fracasado, sino que además este tipo de política es altamente peligrosa para las ciudades y sus habitantes, en tanto en cuanto socaba de forma considerable la estabilidad de las instituciones municipales y por supuesto la de las arcas municipales de la ciudad-víctima.
En este “ va y viene “ de politicuchos avezados en el arte de la comisión bajo cuerda y el salto de partido en partido, el G.I.L ha demostrado ser un gran maestro: para ello sólo hay que ver el curriculo judicial de Jesús Gil, de Marisol Yagüe o de Julián Muñoz, o los numerosos casos abiertos y en ciernes de resolución como son los casos de Manilva o La Línea de La Concepción.
Quizá sea este tipo de actuaciones al margen de la Ley las que han provocado que poco a poco la ciudadanía, y en especial la juventud, haya terminado pensando que la política es algo sucio y que la mayoría de las personas que se dedican a estos menesteres están por intereses personales y para enriquecerse. Estamos seguros de que, en estos momentos, ningún ciudadano de Marbella, al ver su ciudad desgobernada y arruinada, está conforme con ese dicho que por estos lares se ha hecho tan popular: “ los políticos todos roban, y si roban por lo menos que la ciudad esté limpia y segura”.
Desde nuestro convencimiento de que no debe existir permisividad alguna con la ilegalidad y que la Justicia debe actuar con contundencia ante ella, por pequeña que sea, nuestra posición siempre será acorde con la aplicación de la Justicia y por la claridad de la gestión de los Ayuntamientos, potestad que los gestores administran con el poder que los ciudadanos les otorgan con sus votos y con el dinero que reciben de los impuestos.