Las últimas declaraciones del sr Juárez se asientan, en su ya acostumbrada práctica demagógica, en echar las culpas de todo los problemas a los demás. Lejos de reconocer el fracaso de su gestión, justifica la caótica situación de las arcas municipales con las retenciones aplicadas por el Gobierno Central debido a la enorme deuda que el Ayuntamiento mantiene con Hacienda y la Seguridad Social.
Hay que recordar que dichas retenciones se practican en un 100% desde hace pocos meses y que la causa principal de éstas, aparte de la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales que como cualquiera tiene el Ayuntamiento, fue la presentación de un absurdo e inconsistente Plan de Saneamiento que no convenció a nadie.
Por otra parte, cuando se firma el citado Plan de Saneamiento en Julio de 2005, el equipo de gobierno adopta mediante acuerdo plenario, para demostrar su firme voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales, el ineludible compromiso de abonar todos los meses el corriente de los pagos a la Seguridad Social y del I.R.P.F., pagos que hasta la fecha del rechazo del Plan no se han realizado.
Lejos de ejecutar un Plan de Saneamiento lógico y de sentido común, la política económica del Ayuntamiento sigue basada en la subida de impuestos que asfixian al ciudadano y, como en el cuento de la lechera, en contar con enormes ingresos por licencias de obras cuando se apruebe un PGOU que ni siquiera ha superado la fase de aprobación inicial, al mismo tiempo que no eliminan gastos, siguen los mismos jugosos sueldos, con la misma cantidad de concejales liberados y coordinadores. Hay que señalar lo irónico de esta situación y de sus declaraciones, cuando Juárez es de los alcaldes de España que más gana y mantiene a más concejales liberados que Ministros tiene el Gobierno Central.
Poca credibilidad puede tener un alcalde que aumenta la deuda municipal en 2000 millones de pesetas cada año llegando en la actualidad a rondar la deuda total los 15.000 millones de pesetas a pesar de haber vendido casi la totalidad de nuestro patrimonio por 3000 millones de pesetas, de haber dado concesiones por varias décadas a servicios como los de Aqualia obteniendo así casi 2000 millones de pesetas. Y todo esto a pesar de haber contado con una Carta Económica Especial que supone más de 1.000 millones de pesetas al año. Por mucho que los analistas intenten entender esta situación, a nadie le sale las cuentas.
Ante esta situación es necesario que el equipo de gobierno, como responsable de la gestión de los dineros públicos y garante de los servicios mínimos al ciudadano, tome las medidas oportunas para paliar una situación que por momentos se hace insostenible y que abandonen este “ sálvese el que pueda “ en el que parecen haber caído al comprobar el fracaso de su gestión, su inoperancia y su falta de voluntad para administrar de una forma lógica y responsable el dinero y el patrimonio de todos los linenses.