Los casos escandalosos de Marbella y de Manilva han puesto en la picota a los antiguos miembros del GIL. Es evidente que los ciudadanos y las instituciones democráticas en general y el Partido Socialista en particular, han de estar en guardia ante los que mamaron de las ubres ideológicas de ese peculiar partido. Un ejemplo claro de estos cachorros gilistas, es la gran mayoría de los concejales gobernantes de La Línea, ahora parapetados en la cobertura política del PP.
La desaforada ambición urbanística de estos singulares personajes políticos ha de ser respondida con una oposición contundente y con una exigente fiscalización de sus iniciativas, siempre conforme al espíritu de las leyes.
Lo sucedido hasta ahora con el Parque Princesa Sofía, en el que el alcalde y el concejal Manuel Aguilera no cejan en su empeño de insistir una y otra vez en que los juzgados les dan la razón, parece más bien estar motivado por otras razones distintas a los verdaderos intereses de los ciudadanos linenses.
Es así por lo que el Partido Socialista ve comprensible que el Estado, en representación de todos los ciudadanos, actúe en consecuencia y se defienda. De todos modos, la descomunal venta del patrimonio municipal llevada a cabo por esta Corporación, unido a la política de convenios urbanísticos y de concesiones a empresas que casualmente resultan ser afines, nos hace temer en que el equipo del gobierno del PP, con Juárez a la cabeza, quiera realmente garantizar el Parque Princesa Sofía como zona especialmente protegida para el disfrute de todos los ciudadanos linenses.
Tampoco es cierto que en la sentencia del 8 de mayo de 2006 el juez se haya pronunciado a favor de que el Parque pase a ser de pleno dominio del Ayuntamiento. En realidad, no deberíamos hablar de sentencia en tanto que el juez no ha entrado a valorar el contenido del recurso interpuesto por Patrimonio del Estado sino que indica que no se admite dicho recurso por un defecto de forma y no por una cuestión de fondo. Es por ello por lo que aún no se puede hablar de que nada haya quedado demostrado ni de quién tiene razón sobre si la carga de usos que obliga la cesión ha quedado extinguida tras esos 30 años, tal y como dice el Sr. Juárez. Es más el argumento parte de una falacia difícil de mantener jurídicamente ante los tribunales y es precisamente por eso por lo que el alcalde intenta apoyar su defensa con argumentos demagógicos además de populistas y se atreve a amenazar a Patrimonio del Estado para que no recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque eso, según él, supondría que nos quieren quitar el Parque. Juárez debe pensar que solo él tiene derecho a recurrir, que lo hace siempre que puede, pero los demás deben quedarse cruzados de brazos. Así pretende que el Parque “no se lo lleven” para seguir privatizándolo.