El Partido Socialista quiere hacer pública su valoración de la declaración de imputado del Sr. Alcalde Juan Carlos Juárez Arriola ante el Juzgado nº 3 de La Línea en el caso de los contratos.
En primer lugar, quisiéramos manifestar nuestra preocupación por la imagen lamentable que se desprende de las sospechas sobre la gestión del equipo del gobierno. Toda vez que estas salpican gravemente la honorabilidad de este Ayuntamiento y socava gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. En este sentido, quisiéramos señalar que, en el caso que nos ocupa, la estrategia de los imputados ha sido lastrar el curso normal del proceso con todas las posibilidades formales que el sistema judicial pone a su disposición. Es por ello por lo que consideramos una contradicción que el alcalde a estas alturas de las diligencias diga que quiere colaborar con la justicia y pida que se acelere el proceso. Resulta chocante que la declaración del alcalde como imputado en el caso de los contratos se haya tenido que aplazar varias veces y que se acoja al derecho de no contestar a las preguntas aclaratorias de nuestro abogado.
En segundo lugar, quisiéramos recordar que la mayoría de los contratados pertenecían o tenían una vinculación directa con el GIL, partido en estos momentos amparado en las mismísimas entrañas del PP y cuyo historial delictivo y judicial no deja de sorprendernos. Es evidente que desde esta consideración, la gravedad del asunto aumenta ya que pone sobre la mesa un presunto caso del clientelismo político. Desde esta perspectiva, sería fácil suponer que las contrataciones de los 134 contratados era un mecanismo ideado para gratificar a militantes y simpatizantes del partido. Visto así se explicarían, primero, que el alcalde no supiese contestar qué clase de trabajos desarrollarían los contratados; segundo, que se hiciese caso omiso a los reparos del responsable de Intervención del Ayuntamiento y que, en ningún momento, se convocara una oferta pública de empleo a todos los ciudadanos tal y como ordena la ley.
En tercer lugar, nos parece sorprendente que un alcalde intente evadir las responsabilidades de su dudosa gestión amparándose en la débil excusa de que siguió las indicaciones de varios de sus subordinados: el Sr. Vicente Lara, en aquellos momentos técnico de personal a instancias del propio alcalde; el Sr. García Pastor, psicólogo que pertenecía a la comisión de selección de personal y los políticos concejales M. Aguilera y A. Carbonell. Es evidente que la mera imputación del alcalde en este caso y los informes del interventor sugieren que él al menos era conocedor de toda la trama y que nos parece de poca valentía moral que de sus declaraciones se pueda desprender la idea de que la responsabilidad judicial ha de recaer sobre otras personas pues tal y como se expresa en la declaración: “la única orden que dio el imputado, (es decir el Sr. Alcalde), fue que se hiciese conforme a la ley.