Parece que Juárez arremete contra todo lo que se mueve en su afán de ocultar el tremendo fracaso como coordinador comarcal del PP y como candidato a la alcaldía de La Línea, ya que de los resultados de las últimas elecciones se deduce que es el más castigado por los ciudadanos.
Ni que decir tiene que con sus comentarios sobre las decisiones del PSOE provincial sobre qué miembros de nuestra organización forman parte de la Diputación de Cádiz, Juárez está intentando deslegitimar el proceso electoral y la ley que es la que dice claramente que los resultados electorales definen el número de representantes de cada partido y que han supuesto que Miguel Tornay sea diputado de la provincia de Cádiz.
Por otro, es evidente el descalabro de Juárez dentro del PP, ya que prometía otra victoria aplastante con 20 concejales en La Línea, promesa que era tomada con interés por el PP provincial con sus ansias de gobernar en la Diputación Provincial. Pero ahora, visto el fiasco que ha supuesto la campaña y los resultados de Juárez en La Línea, el PP ha perdido todo el interés en un alcalde con un futuro judicial más que incierto debido a las 4 imputaciones que pueden suponer su inhabilitación para la responsabilidad pública y que no ha cumplido con las expectativas prometidas.
El resultado de esta situación es que el alcalde, viendo que se ha convertido en un cero a la izquierda dentro de la organización del PP, que ya ha dado por finalizada la franquicia que le dio al GIL, no tiene otra salida que arremeter contra toda la estructura socialista para intentar salir de atolladero en el que se encuentra.
Debería darle vergüenza al alcalde criticar que la Mancomunidad de Municipios abra un Centro de Formación y Empleo en La Línea para la preparación y educación laboral de los linenses, sobre todo teniendo en cuenta que desde su llegada a La Línea en 1999 el paro ha aumentado en unas 1.200 personas.
Por último, el PSOE quiere recordarle al alcalde que las únicas fincas que llaman la atención de los linenses son las 11 que Juárez compró en Asturias y que han provocado la apertura de un expediente por parte de la Oficina de Investigación del Fraude del Ministerio de Economía y Hacienda.