El Partido socialista quiere salir al paso de las declaraciones efectuadas sobre el caso PALEX por el Sr. Concejal Gabriel Gonzálvez y el portavoz del grupo municipal del PP, Juan Antonio Montero.
En este sentido, el Partido Socialista diferencia claramente dos aspectos del asunto Palex.
Por un lado, está la imputación formal del juzgado al Sr. Alcalde por desobediencia al no cumplir con una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía y la calificación del fiscal en la se le pide a Juan Carlos Juárez una pena de dos años de inhabilitación. Es evidente que la imputación de este delito y la petición de dos años de inhabilitación no deja en buen lugar ni al prestigio Ayuntamiento ni a la reputación del alcalde en este asunto. Pues significa en un principio, en contra de lo declarado ayer por el Concejal Gonzálvez que realmente está en tela de juicio si la actuación del alcalde frente al incumplimiento de la sentencia es un delito. De este modo tan esclarecedor y contundente se expresa el ministerio fiscal sobre la conducta del Sr. Juan Carlos Juárez: “pese a tener perfecto conocimiento de su obligación como alcalde de la ciudad de La Línea de cumplir con las resoluciones mencionadas y asumiendo las consecuencias de su conducta, no dio cumplimiento a los referidos dictados judiciales”.
A propósito recordamos también que ésta no es la primera vez que se ha dado esta situación escandalosa en el Ayuntamiento. Como saben existen al menos otras dos causas, una referente a un funcionario municipal y otra referente a la devolución del dinero en la compra de una parcela, en la que el principal representante de la alcaldía es ha actuado presuntamente con la misma conducta irresponsable e indisciplinada.
Por otro lado, la afirmación del Sr. Juan Montero de que la deuda se generó durante la época en la que gobernaba el PSOE, entra en contradicción con los datos extraídos de la Relación Oficial de Acreedores que tenía el Ayuntamiento linense en donde se reflejaba que las facturas pendientes de pago en este asunto correspondían principalmente al periodo comprendido entre septiembre de 1998 al 30 de junio de 1999, por un importe de 856.338 euros. Es decir, durante el mandato de Fernández Pons, alcalde del PP antecesor a la venida del GIL en 1999. Así que ni se ha pagado la deuda de otro como presupone el sr Montero y al menos existen serias dudas sobre el acatamiento de la sentencia del alcalde en este y otros tantos asuntos de los próximamente se tendrán noticias.