El Ayuntamiento pretende cerrar el Centro de Planificación Familiar de los Junquillos, en una decisión torticera, innecesaria y arbitraria que carece de la más mínima justificación.
Juárez y Gonzálvez demuestran una lamentable falta de respeto por la salud y el bienestar de los ciudadanos de La Línea despojándoles de servicios importantes y siempre perjudicando a los sectores más humildes. Dudamos mucho de que Juárez y Gonzálvez jamás se hubieran atrevido a cerrar este servicio se estuviese destinado a sectores más pudientes de la población.
El Centro de Planificación Familiar comenzó a prestar servicio en el año 1980 fruto del esfuerzo altruista de una serie de personas que tuvieron, entonces sí, el apoyo y la comprensión municipal. Poco después, en 1985, el servicio se municipalizó y se alcanzó un acuerdo con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que se hace cargo de todos los gastos materiales y de servicio, excepto los de personal. Desde entonces se han realizado muchas más de 80.000 visitas en las diferentes consultas que se realizan. Además queremos destacar que en este Centro es el único lugar donde se ha venido implantando gratuitamente el DIU (Dispositivo Intra Uterino), único método de prevención de embarazos que algunas mujeres toleran, así como el tratamiento psicológico, dentro de un modelo de atención integral a la mujer que estos nefastos gestores quieren destruir. Esta decisión absurda no va ha suponer el ahorro municipal ni de un solo euro, ¿Por qué lo hacen entonces? ¿qué interés se esconde detrás de esta absurda medida? ¿Por qué se castigan de esta forma a los ciudadanos de La Línea y, sobre todo a los de Los Junquillos?
Para justificarse, el Ayuntamiento por boca del Sr. Gonzálvez, afirma que "no es necesario porque La Junta ya cubre ese servicio", cuando no hay una duplicación de servicios, sino que se complementan. No respetan el trabajo y el prestigio ganado durante 27 años de eficacísima labor, ni la confianza y el cariño que esas mujeres atendidas muestran hacia SU Centro.
Dice también Gonzalvez, que las competencias en salud corresponden a La Junta de Andalucía. Utiliza esa obviedad para justificar este atropello, pero olvida que la Junta está plenamente implicada con este Centro. No le importa que el futuro del desarrollo municipalista sea el acercar la gestión de ciertos servicios a los ciudadanos a través de sus ayuntamientos. Pero sobre todo olvida explicar a todos los linenses por qué tienen un Delegado de Puertos si no tiene competencias, por qué tiene una Delegada de Justicia donde tampoco las tiene, y por qué aplaudía la existencia de una Oficina en Bruselas -esa sí que era inútil- cuando las competencias exclusivas de representación internacional son del Estado. La respuesta es sencilla: para justificar los sueldos de sus concejales y sus personas de confianza. Seguramente el Sr. Gonzálvez descubra -demasiado tarde- que más importante que el negocio del ladrillo son las personas.

Ana Pureza Jiménez Gómez
Concejala y responsable de Salud y Consumo del PSOE