De las últimas decisiones tomadas por los juzgados en el Caso de los Contratos ilegales se desprende fácilmente que tanto el alcalde, Juan Carlos Juárez Arriola, como el concejal, Manuel Aguilera correrán en próximas fechas un incierto futuro judicial y penal. En el Auto de procedimiento abreviado de fecha 19/07/05 se exponen claramente las razones por las que ambos ex miembros del GIL se sentarán en el banquillo por la acusación de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En este sentido, la juez se expresa en los siguientes términos:
“En cuanto al delito de prevaricación, éste vendría constituido por la intervención en la contratación de personal temporal contraviniendo los principios vigentes en el ámbito de la administración pública, procediendo a la elección de trabajadores por motivos puramente personales, mediante un procedimiento que poco control ajeno a los propios interesados permitía, sin que consten los motivos por los que se elegían a determinados candidatos, pasando a convertirlos en empleados fijos mediante nuevas y sucesivas contrataciones temporales, sin que tampoco entonces, superada la supuesta inicial urgencia, se cumpliera trámite o procedimiento legal.... Y por lo que se refiere al presunto delito de malversación de caudales público, en el presente caso, mediante la presunta contratación fraudulenta de personas cercanas al equipo de gobierno, en contra de lo presupuestado y pese a los reparos del Interventor, se estaría llevando a cabo un desplazamiento no justificado de fondos municipales a favor de los contratados”.
Hemos de recordar que el Código Penal señala para los delitos de prevaricación penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años y para los delitos de malversación, penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
De ello no resulta difícil concluir que las contrataciones efectuadas durante el año 1999 carecieron presuntamente de las garantías de igualdad, oportunidad y publicidad establecidas por la ley. La mayoría de los contratados o bien eran personas que aparecían en las listas del GIL para las elecciones municipales de 1999, o interventores de este mismo partido. A propósito de este asunto, recordar las declaraciones, ante la jueza de una de las contratadas e interventora del GIL, que se recogen en el auto mencionado: “Una vez ganadas las elecciones, la Sra. Góngora habría contactado con el Sr. Soler, el cual le pidió que entregara su currículum, siendo contratada sin previa entrevista y sin que conste proceso de selección, para desempeñar funciones de auxiliar de administrativa pese a que carecía de formación o experiencia en dicha actividad”.
Además del alcalde, Juan Carlos Juárez, los concejales Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell se imputan también a dos técnicos del Ayuntamiento, uno jefe de personal, Don Vicente Lara Batllería y otro psicólogo del Departamento de Personal del Ayuntamiento, Don Gabriel García Pastor en la medida en que la presunta participación de estas dos personas en este bochornoso asunto era necesaria para la realización de los presuntos delitos.
Poco a poco, las actuaciones de los jueces en este caso y en el Caso Roseworld están sacando a la luz unos hechos que provocan más que serias dudas sobre la legalidad y honorabilidad de la gestión del GIL y del PP en este Ayuntamiento. El señor Juárez es el único alcalde de España, que tiene retirado el pasaporte y al que se le ha prohibido salir del país. Por otra parte, es evidente, que la repercusión venidera de estos asuntos no sólo obligará a un pronunciamiento y toma de medidas del PP provincial y regional, sino también de los poquísimos miembros del PP local que no están salpicados en ningún asunto de tanta trascendencia moral y política. Creemos que los hechos tienen tanta importancia que es injustificable el silencio y la pasividad. El daño institucional que están haciendo estas dudas e incertidumbres en el Ayuntamiento deberían hacer recapacitar a militantes y simpatizantes del PP y exigir responsabilidades a través de los mecanismos orgánicos de su partido. Pues muy difícilmente, el PP podrá justificar ante la opinión pública linense la connivencia con estos individuos cuyo interés por lo público está más que cuestionado. No olvidemos que la definición del GIL como un grupo mafioso fue escrita en el sumario del caso Malaya en Marbella de puño y letra del juez instructor .