El PSOE de La Línea quiere salir al paso de las declaraciones del alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, sobre las presiones a la fiscalía judicial por parte de dirigentes del PSOE.
Para el Partido Socialista esta acusación no es más que un patético gesto de cara a la galería. Es inconcebible que un alcalde supuestamente demócrata afirme que las calificaciones de delitos de las fiscalías carecen de imparcialidad y que están sujetas a presiones políticas. Hemos oído muchas veces de boca del alcalde presumir del respeto que este señor tiene a la justicia y los deseos ansiosos de que los procesos en los que están imputados miembros del equipo de gobierno y él mismo se resuelvan con la máxima diligencia. Es sorprendente que, ahora que estamos cercanos a conocer la verdad de tan sólo uno de los casos que implican muy directamente a subordinados y a gente de confianza del señor alcalde o a él mismo, intente enmarañar con supuestas intrigas entre compañeros socialistas y la fiscalía. Esta nueva maniobra denota cierta desesperación pues los plazos judiciales y las demoras producidas por las cortapisas procesales de sus abogados están llegando a su fin.
En todo caso, respecto de las cartas recibidas en el Ayuntamiento de la Fiscalía al Grupo Municipal Socialista, el PSOE local quiere dejar claro que éstas son las pertinentes notificaciones a denuncias interpuestas por los concejales Manuel Caeiro y Miguel Tornay de las numerosas irregularidades del PP como en el caso de Villajuliana, o el caso Alfuba.
No obstante, para el PSOE no es extraño que un individuo al que se le ha retirado el pasaporte y prohibido salir del país por decisión expresa de un juez ante la posibilidad de fuga, descalifique de manea malintencionada la labor de las instituciones judiciales. Para el Partido Socialista el alcalde, Juan Carlos Juárez Arriola, debería colaborar en pro de un rápido esclarecimiento de los hechos, acusaciones y delitos que se le imputan, en la medida en que su prestigio como persona afecta muy directamente al prestigio de la ciudad.
Por último, recordar que el señor alcalde está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas en subasta pública, cohecho, delito contra la hacienda pública, y desobediencia al cumplimiento de una resolución judicial, en varias causas judiciales. Causas judiciales que no son precisamente un coche destrozado.