Para el PSOE local la retirada in extremis del punto del orden del día del pasado Pleno Ordinario del 7 de febrero no sólo denota cierta falta de rigor del equipo de gobierno del PP en la administración de la ciudad sino que levanta por el carácter poco claro del punto descartado, serias dudas sobre la gestión de la Gerencia de Urbanismo y de los propósitos de los políticos responsables de esta área. El punto en cuestión se refería a la modificación nº 40 del PGOU, tramo de viario secundario denominado Camino Ancho de la Atunara.
Para el Partido Socialista no existe explicación convincente que justifique esta medida, pues en la comisión previa en la que se trató este asunto tanto los técnicos como el responsable político de Urbanismo, Manuel Aguilera, dieron un sin fin de argumentos sobre la conveniencia y legalidad de la medida urbanística propuesta.
En este sentido, resulta evidente que algo grave ha tenido que suceder en los días anteriores a la celebración del Pleno para que el equipo de gobierno del PP optara por dar un giro de 180 grados a su iniciativa.
El PSOE local expresó sus dudas en la comisión sobre la legalidad de la misma y en este sentido piensa que la razón de esta medida obedece exclusivamente a la resistencia ofrecida por ciertos funcionarios a responsabilizarse con su firma de dichas actuaciones. Y es que la propuesta del equipo de gobierno y de la Gerencia de Urbanismo era poco menos que ofrecer la posibilidad de resolver los problemas de una construcción que, efectivamente y según la resolución de la alcaldía con fecha 16 de agosto de 2007 a una denuncia presentada, “parece que la ubicación real de la edificación difiere de la prevista”, pues se desplazan “los volúmenes edificatorios sin autorización municipal, ocupando superficie destinada a espacios adyacentes al viario público, espacios libres privados y suelo urbanizable no programado”.
En este sentido y, en vista de lo que viene aconteciendo por el Caso Roseworld entre las relaciones entre técnicos y políticos del PP, esperamos que este nuevo asunto no acabe en un cese fulminante de un funcionario escrupuloso con la ley y en la sustitución por otro menos incómodo.