El PSOE de La Línea quiere hacer patente el cinismo con el que el PP se comporta respecto a la Plaza de toros de nuestra ciudad. Periódicamente los populares acusan a nuestro partido de no dar la cara respecto a la rehabilitación del coso linense. Ya en otras ocasiones, y cuantas haga falta, seguiremos explicando que la Junta de Andalucía, al igual que cualquier otro gobierno autonómico, es la que tiene potestad para declarar Bien de Interés Cultural a un inmueble determinado. Pero esto no significa, y esto lo sabe bien el PP, que sea el ente autonómico el responsable de la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios declarados BIC.
Este punto, que viene perfectamente especificado en la ley, deja en evidencia la falsedad de las afirmaciones del PP, que insiste en recriminar a la Junta de Andalucía no acometer las obras de rehabilitación de nuestra Plaza de Toros, algo que es competencia y responsabilidad única y exclusivamente del propietario del edificio, que no es otro que el propio Ayuntamiento. Resulta absurdo pensar que la administración autonómica tuviese que financiar la reparación y mantenimiento de cada monumento declarado BIC en Andalucía.
Una vez aclarado este punto, para el PSOE linense es evidente que el papel a jugar por la Junta de Andalucía en este asunto, de la misma manera que lo ha hecho en otros edificios declarados BIC, es el colaborar con las actuaciones de cada municipio mediante las líneas de subvenciones y ayudas abiertas para este fin.
De esa manera, ante las acusaciones del PP linense, la obvia respuesta del PSOE de La Línea al equipo de gobierno es que acometan la rehabilitación de nuestra Plaza de Toros y dentro de esas actuaciones se solicite a la Junta de Andalucía las subvenciones y ayudas pertinentes, y siempre teniendo en cuenta que el grueso de estas actuaciones estarán bajo responsabilidad y financiación del Ayuntamiento linense.
Este es el proceso normal que se viene dando en muchas localidades andaluzas y el que tendría que darse también en nuestra ciudad. El problema radica en que una de las consecuencias de la política de despilfarro del equipo de gobierno de Juárez es la enorme deuda que se mantiene con la Seguridad Social y con Hacienda. A este respecto la ley es taxativamente clara: para poder aplicar la ley de subvenciones y optar a las ayudas, tanto las administraciones públicas como los entes privados tiene que estar al día de sus obligaciones fiscales y tributarias, algo que el equipo de gobierno del PP no cumple desde hace mucho tiempo