El 24 de octubre de 2003, el Ayuntamiento de La Línea y la Consejería de Obras Públicas firmaron un acuerdo para la construcción de 3.000 viviendas en la ciudad. El objeto de dicho convenio era paliar, por un lado, el déficit de viviendas protegidas en la ciudad y, por otro, garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna a un precio asequible. Asimismo, esta intervención pública pretendía incidir de manera positiva en el mercado inmobiliario. El plazo finalizó en el 2007 y es evidente que el acuerdo no se ha llevado a cabo.

Las razones de cómo se ha llegado a esta situación se explican fácilmente, pues ni el alcalde Juan Carlos Juárez ni la concejal Mari Cruz Atienza han cumplido con sus obligaciones a las que se comprometieron en el citado acuerdo. Pues en el convenio el Ayuntamiento se comprometía a la cesión gratuita de suelo al promotor público, en este caso, la Junta de Andalucía. Sin embargo, ningún miembro del PP se refiere a esta circunstancia cuando hablan del asunto. La venta  galopante del patrimonio municipal en estos últimos años y los presuntos desvíos del dinero adquirido por este concepto a otros asuntos han impedido la adquisición de suelo patrimonial para la cesión del suelo necesario para la construcción de las viviendas sociales acordadas.

No obstante, los términos del convenio son claros respecto de este asunto: “El Ayuntamiento de La Línea se compromete a cooperar e incrementar los suelos adscritos a su Patrimonio Municipal”. En este sentido, hay que aclarar que ni el Ayuntamiento ha incrementado su patrimonio municipal y ni mucho menos ha puesto a disposición de la Junta, tal y como se postulaba en el convenio, suelos susceptibles de urbanización y edificación. Por ejemplo, en la línea de actuación de Adquisiciones de suelo para su incorporación al Patrimonio Municipal, se tenía previsto la adquisición de 1.183.783 metros cuadrados con una capacidad residencial de 1812 viviendas. Estos eran los suelos previstos para una ulterior cesión a la Junta para la construcción de 1587 viviendas.

Es evidente que la política municipal de adquisición de patrimonio llevada a cabo por este equipo de gobierno es desastrosa. Esta falta de previsión unida a la descerebrada política de expolio continuado ha perjudicado la calidad de vida de los ciudadanos linenses que han visto cómo el precio de la vivienda se ha disparado a cifras inalcanzables en la ciudad y los está convenciendo de que Juárez y su equipo de gobierno no son capaces de resolver sus necesidades básicas.