El pasado lunes 22 de septiembre a través de su secretario general, Miguel Tornay, se hizo efectivo el aval de 18.000 euros exigido por el Juzgado nº 1 de La Línea. Como se recordará esta iniciativa responde al compromiso del PSOE por salvaguardar los intereses de los ciudadanos ante las continuas irregularidades y pésima gestión del equipo de gobierno del PP.
En un principio, después de la venta presuntamente ilegal de los terrenos frente al Carrefour por parte del equipo de gobierno del PP a la empresa Roseworld, el PSOE interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El PSOE entendió que la adjudicación de las parcelas a la mencionada empresa no sólo supuso un desfase de al menos dos millones de euros respecto de la oferta que presentó una segunda empresa en liza sino un claro ejemplo de favoritismo.
Igualmente un ciudadano presentó una demanda por los mismos hechos ante el juzgado de lo penal. Esto último detuvo obligatoriamente el procedimiento contencioso administrativo abierto a raíz de la denuncia del PSOE local en espera de una resolución del juzgado de lo penal ya que esta vía es preferencial respecto de la anterior.
No obstante, y en coherencia con la iniciativa tomada en su día por el PSOE ante el Juzgado de lo Contencioso, se decidió personarse en la causa penal. Este hecho se une además a la circunstancia de que el Juzgado nº 1 de La Línea dictó una resolución por la que se comunicaba al Ayuntamiento un ofrecimiento de acciones con el fin de que pueda personarse como perjudicado en dicha causa, ofrecimiento que el PP rechazó y que ha supuesto una indefensión absoluta de los intereses del Ayuntamiento en particular y de todos los ciudadanos linenses en general.
Ciertamente, el alcance, importancia, trascendencia y repercusión de los hechos investigados no sólo causa una acusada alarma social, habida cuenta de que podríamos encontrarnos ante una supuesta utilización de la Administración Local para propio provecho, sino que pueden significar un evidente perjuicio económico al Ayuntamiento.
A título informativo recordar que en dicha causa están imputados además del alcalde, Juan Carlos Juárez Arriola, tres concejales del PP por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precios en concurso público